En este ensayo sobre el proceso organizativo de Damnificados Unidos, el autor propone políticas
de reconstrucción con base en los derechos de las personas y no en la especulación inmobiliaria.
Forma parte del informe que sobre el temblor del 19s, realizó el equipo de Documenta desde abajo.
I
El terremoto del 19 de septiembre del 2017 irrumpió repentinamente en la cotidianidad de las y los vecinos del Multifamiliar Tlalpan. Lo que parecía ser otro día más en las actividades rutinarias, se convirtió en un momento marcado por la tragedia, la tristeza, el temor y la incertidumbre. El edificio 1C colapsó dejando un saldo de nueve personas fallecidas, dieciocho rescatadas y cuarenta familias que perdieron su patrimonio; el edificio 3B quedó profundamente dañado y los otros ocho edificios presentaron daños estructurales de diversa magnitud. Así, quinientas familias nos vimos obligadas a vivir fuera de nuestros hogares.
Miles de ciudadanos actuaron de manera espontánea durante esas horas cruciales en lo que fue fundamental para el rescate de las personas que se encontraban debajo de los escombros. Largas filas de voluntarios comenzaron a retirar piedras, varillas, tubos, y demás restos del edificio; algunos donaban diferentes tipos de herramientas para facilitar las labores de rescate y otros repartían donativos para aquellas personas que se encontraban fuera de sus hogares. Albañiles, carpinteros, herreros, arquitectos, médicos, psicólogos, ingenieros, entre otros profesionistas, comenzaron a llegar con el afán de brindar sus conocimientos para lo que fuera necesario. Posteriormente, cuerpos de rescate nacionales e internacionales comenzaron a dedicarse a labores de búsqueda de víctimas, así como el Ejército mexicano y la Marina. Surgió el puño en alto como un indicador que ordenaba guardar silencio, con la esperanza de detectar una voz o un ruido que señalara la ruta que posiblemente llevara a salvar una vida.
Se vaciaron todos los departamentos de los nueve edificios que quedaron de pie, cuyos habitantes tuvieron que refugiarse con familiares y amigos o se instalaron en las canchas de basquetbol, el parque ubicado sobre la calle de Álvaro Gálvez y Fuentes y la primaria a dos cuadras de la unidad. En esos espacios se observaban tiendas de campaña, cocinas improvisadas donde llegaba la comida donada, almacenes de equipo y herramientas para las labores de rescate, consultorios médicos, centros de acopio y zonas que se adecuaron para atender a población vulnerable, sobre todo, niños y adultos mayores. Sin duda, la catástrofe manifestó la solidaridad de la sociedad mexicana, que no dudó en hacerse presente para auxiliar a las y los damnificados de una u otra manera.
Esto contrastó con el papel de las autoridades federales y de la Ciudad de México, encabezada por el entonces Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera. No existió una atención inmediata a las necesidades de las y los damnificados ni se brindó claridad en torno a las condiciones de habitabilidad de los diez edificios de la Unidad Habitacional Tlalpan. Si bien el gobierno emitió la Declaratoria de Emergencia e implementó medidas para agilizar el rescate de las víctimas y la atención a todas las personas que se quedaron sin hogar, fue notoria la insuficiencia generalizada de las acciones gubernamentales. En los primeros días no se presentó ningún funcionario de importancia al Multifamiliar para informar puntualmente sobre la situación del rescate ni las condiciones de nuestras viviendas. No fue sino hasta el 28 de septiembre que acudió el Jefe Delegacional de Coyoacán, Valentín Maldonado, para presentar un primer informe sobre el estado de los inmuebles y, a juicio de muchos habitantes, brindó atención de forma desordenada y sin respuestas claras. En esa misma semana, se presentó José Ramón Amieva, entonces Secretario de Desarrollo Social, quien ofreció construir el edificio colapsado de forma gratuita, pero agregando que se edificarían departamentos de más para que los vecinos no gastaran ni un solo peso. Los representantes del gobierno de la CDMX no fueron empáticos con la situación, asumieron una actitud prepotente y humillante e incluso afirmaron que las pertenencias personales que buscaban rescatar las y los vecinos del edificio colapsado eran basura.
Por otro lado, las respuestas de las autoridades frente a las necesidades básicas de los damnificados en albergues y campamentos no solo eran insuficientes, sino denigrantes. Algunos vecinos del Multifamiliar incluso llegaron a comparar actitudes de los funcionarios encargados del albergue oficial con una cárcel y a tratarlos a ellos como si fueran delincuentes. Estas actitudes de las autoridades generaron mucho malestar, el cual se incrementó cuando se comenzó a propagar el rumor de los créditos y la redensificación como los únicos caminos que el gobierno de la CDMX abría para la reconstrucción y rehabilitación de los edificios afectados.
Al observar cómo las acciones de las autoridades iban en un sentido contrario a la protección de nuestros derechos y frente a la incertidumbre de no saber en qué condiciones se encontraban nuestros hogares, nos organizamos. Una respuesta colectiva surgió a dos días del desastre cuando constituimos la Asamblea de Vecinos del Multifamiliar Tlalpan. Era notorio que, unidos y organizados, teníamos mayor fuerza para exigirle al Estado que cumpliera sus obligaciones. En esos primeros días, lo que podríamos llamar la primera etapa del proceso organizativo, las principales demandas fueron cuatro: 1) atención en todos los ámbitos a las y los vecinos del edificio 1C colapsado y de los otros nueve edificios; 2) rechazo a la reubicación; 3) rechazo a los créditos y a la redensificación como mecanismos para llevar a cabo la reconstrucción y rehabilitación de los predios afectados, y 4) exigencia de interlocución directa entre autoridades y damnificados.
Las reuniones que se llevaron a cabo en esos primeros días después del terremoto eran catárticas, para muchos vecinos eran espacios de arropamiento colectivo, para sentirnos acompañados, para alejar, aunque fuera de manera temporal, la sensación de desamparo ante la ausencia de nuestros hogares.
Un elemento fundamental en la constitución de la Asamblea fue la formación de comisiones que ––aprovechando las diversas profesiones de las y los damnificados–– permitieran encarar los múltiples retos para proteger nuestros derechos y regresar a nuestros hogares. Destacaron la comisión técnica, conformada por ingenieros y geólogos; la comisión jurídica, compuesta por abogados; y la comisión de prensa constituida por periodistas y comunicólogos. A lo largo de este año, la comisión técnica ha asesorado y acompañado los procesos de evaluación de las condiciones estructurales de los edificios, así como los requerimientos necesarios que deben tener los dictámenes para saber el estado en que se encuentran dichos inmuebles y la forma en que se deben realizar llevar los procesos de reconstrucción y rehabilitación. Por su lado, la comisión jurídica se ha encargado de revisar y analizar los aspectos legales en torno a las propiedades, así como los mecanismos jurídicos en el proceso de reconstrucción. Finalmente, la comisión de prensa ha tenido un papel central porque ha podido posicionar de manera más enfática la situación que se vive en la Unidad Habitacional Tlalpan ante los medios audiovisuales y periodísticos; esta labor logró generar mayor visibilidad y ha sido un elemento fundamental para que la voz de las y los damnificados tenga un mayor impacto.
El primer comunicado de prensa de la Asamblea de Vecinos del Multifamiliar Tlalpan se difundió el 25 de septiembre, el segundo el 28 de septiembre, el tercero el 2 de octubre y el cuarto el 12 de octubre de 20171. En ellos se manifiesta claramente la posición frente a la tesitura que se vivía en esos primeros días. Primero, se enfatiza en la unión y la organización como damnificados y en que somos capaces de hablar por nosotros sin necesidad de un intermediario. Segundo, se señala la incertidumbre vivida y se conmina a las autoridades, tanto federales como de la CDMX, a que cumplan sus obligaciones de brindar la información necesaria para conocer las condiciones estructurales en que se encuentran los inmuebles y dar a conocer de manera pública y transparente cómo se llevará a cabo el proceso de reconstrucción. Por tanto, se pide la interlocución de funcionarios con capacidad resolutiva. Finalmente, se rechaza contundentemente todo intento de castigar a las y los damnificados con cualquier tipo de deuda, así como la reubicación, pues el terreno no se encuentra en negociación y se exige saber dónde están los recursos que se obtuvieron a través de las donaciones nacionales e internacionales.
Otro aspecto relevante del proceso organizativo en el Multifamiliar Tlalpan es cómo las y los damnificados nos presentamos como colectivo en la esfera pública. Lo que nos cohesionó como vecinos más allá de nuestras diferencias económicas, sociales y de edad fue la condición repentina e inesperada en que nos encontrábamos: algunos se quedaron sin hogar; otros no sabían cuándo podían habitar nuevamente sus viviendas ni si éstas eran seguras para ser habitadas nuevamente. Otro elemento fundamental de vinculación consiste en la necesidad de superar el estado de damnificado para regresar lo antes posible a nuestras viviendas propias y retomar nuestras vidas cotidianas. Dicho de otra manera, las y los damnificados nos esforzamos por dejar esa condición que el terremoto nos provocó. Por consiguiente, se manifestó el absoluto rechazo a que se lucre con la situación en la que nos encontrábamos, así como el uso que agentes externos pudieran hacer para desviar los fines de las personas afectadas. Es así como se recalca de forma categórica que la Asamblea es apartidista, es decir, libre de la influencia de cualquier partido político o de cualquier órgano de gobierno que desvirtúe los intereses del colectivo.
Poco a poco, las personas con cascos, guantes y chalecos dejaron de caminar por las calles que circundan el Multifamiliar Tlalpan. A las dos semanas lo hicieron también el Ejército y la Marina. Sin embargo, la sociedad civil siguió apoyando de múltiples maneras. En los primeros meses no faltó día en el cual llegaran donativos de diversos tipos: medicamentos, material de curación, comida preparada, ropa, zapatos, cobijas, artículos de limpieza, juguetes, entre otros. También llegaron diversos tipos de brigadas que ofrecían desde atención médica y psicológica hasta clowns y grupos musicales que buscaban alegrar un poco la tristeza presente en los albergues y campamentos. Sin embargo, conforme iban pasando los meses, muchas acciones cotidianas volvieron a su cauce normal, aunque para las y los damnificados comenzaba una lucha que implicó construir una ruta para la reconstrucción y rehabilitación de los predios afectados de manera digna y justa.
La cerrazón del Estado al imponer los créditos y la redensificación no solo era una muestra total de la falta de empatía con la situación de cientos de afectados que vieron perder a sus familiares y sus hogares, sino un incumplimiento de los derechos de las personas damnificadas. Lo anterior nos obligó a realizar acciones impensables antes del 19 de septiembre de 2017, junto a las actividades necesarias para sostenernos económicamente y a nuestras familias; asumimos el peso de enfrentar y superar nuestra condición de damnificados.
II
Al mes del terremoto, las y los vecinos del Multifamiliar Tlalpan llevamos a cabo una conmemoración emotiva para recordar a nuestros fallecidos y se brindó un agradecimiento profundo a los brigadistas que participaron en las labores de rescate, así como en la entrega de donativos. Cada día se hacía más evidente que la lucha es contra el olvido; frente a las acciones de las autoridades que pretendían reducir e invisibilizar los daños del terremoto, tuvimos que manifestar en la esfera pública que existen miles de personas, incluyendo las quinientas familias de nuestra Unidad, que no tienen un techo dónde vivir y, sin embargo, las autoridades no han ofrecido una solución clara para poder regresar a nuestros hogares con seguridad.
Las personas damnificadas nos dimos cuenta de que era necesario levantar la voz para que la empatía manifestada por la sociedad mexicana durante las labores de rescate lograra presionar al Estado en el cumplimiento de su obligación de proteger nuestros derechos de manera integral. Esta voz se difundió por medio de la cuenta de Facebook de la Asamblea, así como en las conferencias de prensa. Una voz colectiva que no solo llegó a los medios de comunicación, sino también a las y los damnificados de otros predios que vieron en la organización y en la difusión de la Unidad Habitacional Tlalpan un ejemplo a seguir y un apoyo invaluable para satisfacer sus necesidades y demandas. Así fue como se comenzaron a establecer redes entre damnificados hermanados por la desgracia y la necesidad de superarla.
A finales de octubre y principios de noviembre se llevaron a cabo reuniones preliminares con vecinos que se acercaron para conocer el proceso organizativo del Multifamiliar Tlalpan. El resultado fue el primer comunicado de prensa firmado por grupos de damnificados provenientes de varios predios, difundido el 6 de noviembre de 2017. En dicho comunicado se ratificó el rechazo contundente a los créditos y la necesidad de que la reconstrucción y la rehabilitación de los inmuebles dañados se pagaran con recursos públicos. Se exigió que se transparentaran las donaciones nacionales e internacionales, así como los fondos que se destinaron para atender a la población damnificada de la Ciudad de México. También se exigió la elaboración de dictámenes basados en los estudios técnicos necesarios para señalar con certeza el estado de los inmuebles afectados. Otro aspecto para resaltar es la exigencia a las autoridades para que atendieran las problemáticas que se viven en albergues y campamentos, especialmente, el énfasis en un trato digno, el rechazo a cualquier intento de desalojo y la necesidad de asegurar condiciones de seguridad, especialmente para mujeres, adultos mayores y niños.
Al final del comunicado se plantea la primera exigencia conjunta: solicitar a la Cámara de Diputados una partida presupuestaria para la reconstrucción y rehabilitación de los inmuebles en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2018. Al día siguiente de la conferencia de prensa, un grupo representativo se presentó en San Lázaro para entregar directamente un oficio al diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, solicitando que se destinaran al menos 50 mil millones de pesos para atender a la población afectada por los terremotos del 7 y 19 de septiembre de 2017
En ese contexto se dio la primera movilización de las y los damnificados. Antes del 19 de septiembre, algunos de los vecinos nunca habían cerrado una calle ni se habían manifestado públicamente; sin embargo, la necesidad los obligó a hacerlo. Se aprobó hacer cierres viales simultáneos en avenidas aledañas a los predios afectados y el día nueve de noviembre hubo cortes parciales en diversos puntos de la ciudad: Calzada de Tlalpan a la altura del Multifamiliar, Calzada de Tlalpan a la altura de Avenida de Taller, Avenida Universidad a la altura de Municipio Libre, Cuauhtémoc a la altura de Dr. Navarro, Pacífico a la altura de División del Norte y Miramontes a la altura de Calzada del Hueso. Algunos vecinos presentaban ciertas reticencias; no obstante, la visibilidad que generó esta acción convenció a muchos de la importancia de movilizarse.
La exigencia principal de esta primera movilización era que la Cámara de Diputados aprobara una partida presupuestaria suficiente para reconstruir y rehabilitar los predios dañados sin pasar por el endeudamiento. Las consignas que resonaron fueron “¿Y dónde está el dinero que el mundo nos donó? Con eso nos alcanza para la reconstrucción” y “Viviendas sí, créditos no”. Durante esta primera movilización conjunta, una vecina sostenía una pancarta que resumía un sentir colectivo: “Si el sismo nos dejó vivos, no entierren entre los escombros nuestros derechos”. Es importante destacar que, a pesar de que se obstruyó el trayecto de miles de citadinos, gran parte de ellos manifestaron empatía con las y los damnificados, haciendo sonar sus claxons mientras pasaban por los contingentes. Finalmente, los diputados aprobaron un Fondo de Reconstrucción (FONREC) con un monto de 2 mil 500 millones de pesos, insuficiente para atender las necesidades de las víctimas de los terremotos de septiembre2; en contraste, para el año 2018 se aprobó la erogación de 38 mil millones de pesos para continuar con el pago del rescate bancario del FOBAPROA. No obstante, y a pesar de tener un alcance limitado, fue un monto destinado a la reconstrucción que las manifestaciones de las y los damnificados lograron asegurar.
Esta primera movilización demostró la fuerza que tiene la voz organizada de las personas damnificadas. Ante ello, se convocó al Primer Encuentro General de Damnificados el día 18 de noviembre en el Deportivo Villa Coapa del Sindicato Mexicano de Electricistas en el sur de la ciudad. La intención principal era construir un espacio para que los afectados pudieran deliberar sobre las acciones a emprender de manera colectiva, sin ningún tipo de intermediarios. El encuentro albergó a cientos de damnificados de delegaciones como Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, e incluso llegaron damnificados de Oaxaca. La dinámica del encuentro fue la conformación de cuatro mesas de trabajo donde se abordaron los siguientes tópicos: 1) testimonios, 2) censo, dictámenes y estudios de seguridad estructural, 3) tareas de reconstrucción, y 4) estrategias, organización y plan de lucha.
En cada mesa, las y los damnificados pudieron expresar su situación particular, las condiciones de vulnerabilidad que enfrentaban y la incertidumbre de no saber qué ocurriría con sus predios. El intercambio y el diálogo entre damnificados afirmó el compromiso de asumir un papel protagónico, que tuvo como primer acuerdo exigir a las autoridades de la Ciudad de México que los mismos damnificados deben ser consultados sobre cualquier decisión en torno al proceso de reconstrucción. Rechazamos cualquier relación pasiva que nos reduzca a ser considerados simplemente como objetos de atención.
Durante el encuentro, los mismos damnificados señalaron anomalías en las acciones gubernamentales, entre ellas, la Plataforma CDMX, una base de datos virtual que las autoridades elaboraron para registrar los predios dañados, su localización y el grado de afectación que tienen. Las y los afectados se quejaban de serias inconsistencias en dicha plataforma, pues muchos inmuebles no estaban contemplados y otros no mostraban datos confiables. Ante ello, se propuso la elaboración de un censo desde los propios damnificados, que permitiera contrastar la información oficial y, así, identificar discrepancias en los datos disponibles en dicha plataforma. Este valioso trabajo lo llevó a cabo una damnificada de Benito Juárez, quien realizó este censo con un grupo de estudiantes. El resultado contribuyó a visibilizar aquellos predios que no contemplaba la Plataforma CDMX.
Ese primer encuentro vio emerger a un sujeto colectivo, que no solo se entendía a sí mismo como una agrupación de damnificados, sino como actores políticos que luchan contra el incumplimiento y la falta de voluntad del Estado para atender puntualmente las necesidades de las y los afectados. A este sujeto colectivo lo bautizamos como Damnificados Unidos de la Ciudad de México (de ahora en adelante DUCDMX).
Las y los damnificados nos agrupamos por los predios que antes habitábamos, cada uno de ellos con características socioespaciales peculiares, lo que a su vez es un reflejo de la pluralidad y representatividad de DUCDMX. El colectivo incluye unidades habitacionales afectadas y edificios ubicados en diversas delegaciones como Benito Juárez, Cuauhtémoc y Coyoacán. También se incorporaron damnificados de zonas donde no solo los predios fueron afectados, sino que también el suelo se encuentra seriamente dañado por fallas y fracturas geológicas como ocurre en la colonia del Mar, delegación Tláhuac, la colonia La Planta en Iztapalapa, y el pueblo de San Gregorio en Xochimilco, entre otros. Finalmente, se encuentran los que se denominan como “casos especiales”, es decir, familias que viven en inmuebles donde la mayoría de los propietarios aceptaron créditos o redensificación, pero no tienen los ingresos para poder pagarlos y, por tanto, necesitan ser atendidos de forma individual, no como predio.
El camino distaba de culminar, pero un gran paso se había dado: la unión organizada permitiría dar mayor fuerza a la voz de las personas damnificadas justo en la coyuntura en la que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) estaba discutiendo el contenido de lo que llegaría a ser la “Ley para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México en una cada vez más resiliente” (en adelante ley para la reconstrucción), proceso de deliberación en la que los asambleístas nunca consultaron a las y los afectados.
III
Un día después de la conformación de DUCDMX, se conmemoraron los dos meses del terremoto con una marcha del Multifamiliar Tlalpan al Zócalo de la Ciudad de México. La marcha culminó con un mitin que refrendaba nuestras principales demandas, pero también se posicionaba frente a la intención de Miguel Ángel Mancera y la ALDF por imponer la Ley para la reconstrucción sin consultar a sus destinatarios principales, es decir, a las y los afectados.
Cabe señalar que en esta nueva fase de la emergencia, el gobierno dirigió sus prioridades hacia cuatro elementos: 1) la conformación de la Comisión para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México en una cada vez más resiliente y la elaboración de la Plataforma CDMX, que serviría como base de datos elaborar un censo de los inmuebles afectados y el grado de daño que sufrieron3; 2) la inspección por parte de especialistas del Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC) para determinar el grado de afectación de los inmuebles y su incorporación en la Plataforma CDMX; 3) la entrega de un apoyo de renta de tres mil pesos mensuales durante un lapso de tres meses, y 4) la atención a albergues y campamentos.
No obstante, las acciones distaban de satisfacer las necesidades de las y los damnificados. Como se comentó previamente, la Plataforma CDMX presentaba serias inconsistencias: muchos predios no se encontraban dentro del registro, algunos predios aparecían con información errónea (por ejemplo, con daños menores cuando el DRO los había calificado como daños mayores) y los estudios que se realizaban para determinar la habitabilidad de los inmuebles eran en su gran mayoría incompletos, dado que solamente se basaban en inspecciones oculares y faltaban estudios como mecánica de suelos, topográficos, entre otros, para tener un diagnóstico integral. Por su lado, el apoyo de renta era exiguo, pues el costo de arrendamiento suele duplicar el monto que se ofrecía de tres mil pesos. Finalmente, la tesitura en albergues y campamentos era muy complicada y las exigencias de las personas que allí habitaban ––algunas aún habitan––- se centraban en la seguridad y un trato digno.
Para nosotros era un problema muy serio que el gobierno de la Ciudad de México estuviera diseñando el marco jurídico por medio del cual pretendió imponer los créditos y la redensificación como los mecanismos para llevar a cabo la reconstrucción y la rehabilitación de los predios dañados cuando aún no se tenía un diagnóstico confiable ni exhaustivo de las afectaciones que provocó el terremoto del 19 de septiembre. En algunos lugares de la ciudad, como las delegaciones Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco no hay certeza si en las colonias dañadas se puede volver a construir inmuebles sobre un suelo atravesado por grietas y sujeto a hundimientos profundos.
A pesar de nuestras exigencias, nunca fuimos consultados sobre el marco jurídico que nos iba a afectar de manera directa. Como señaló una vocera de DUCDMX el 16 de noviembre frente a las puertas del recinto: “El problema de fondo es la falta de voluntad en este órgano legislativo para permitir a los damnificados ser parte de la construcción de la solución al grave problema que enfrentamos”. A pesar de las protestas y el evidente malestar, en la sesión ordinaria del 24 de noviembre del 2017 los diputados de la ALDF aprobaron en lo general la Ley para la reconstrucción.
Para las y los damnificados agrupados en DUCDMX, en lugar de beneficiar a las víctimas, esta Ley nos castiga. Primero, la consideramos discriminatoria porque condiciona el acceso a los fondos para la reconstrucción a un estatus socioeconómico que acredite una situación de vulnerabilidad; la ayuda no es homogénea para todos los afectados. Segundo, impone el mecanismo de créditos “preferenciales” para financiar la reconstrucción y rehabilitación de los inmuebles dañados en caso de no acreditar un estatus socioeconómico bajo. Esto supone castigar a las y los afectados con una deuda, lo que llega a agudizar las condiciones de mayor precariedad económica en las que nos encontramos después del sismo. Tercero, con estas medidas el Estado incumple con su responsabilidad de atender integralmente las afectaciones provocadas por el desastre; deben existir los recursos públicos para ello, ya que para eso los ciudadanos contribuyen al erario con el pago de impuestos. En un país marcado por el desvío de recursos, la corrupción y el gasto oneroso de los estratos altos de la clase política, las y los damnificados planteamos que se restituyan las viviendas afectadas sin ningún costo, con fondos públicos que incluyan las donaciones nacionales e internacionales que, hasta el momento, no han sido transparentadas.
Finalmente, para los predios que no pueden ser rehabilitados o que requieren de demolición, la Ley propone el esquema de la construcción de viviendas adicionales de hasta 35 % más del número original de viviendas que tenía el inmueble y su venta para sufragar el costo de la reconstrucción. Consideramos que este mecanismo beneficia claramente al capital inmobiliario y vulnera a los habitantes porque obliga a tramitar créditos para que puedan sufragar la reconstrucción del inmueble y, en caso de no poder vender todas las viviendas adicionales, se quedan endeudados. Al mismo tiempo, se corre el riesgo de que las dimensiones que tenía el hogar antes del sismo sean alteradas al ceder un porcentaje para la construcción de las viviendas adicionales, y así se menoscaba el valor de la propiedad. En suma, la Ley manifiesta el rostro de un Estado gestor que dirige el proceso de reconstrucción a beneficio de los negocios inmobiliarios y obliga a buena parte de las y los damnificados a sufragar los costos de la reconstrucción y la rehabilitación de los inmuebles dañados.
En ese contexto, las y los damnificados emprendimos acciones de protesta para seguir insistiendo en la necesidad de no convertirnos en deudores. Cada día se hacía más evidente que la unión, la organización y la movilización son las armas necesarias para luchar en nuestro afán por regresar a nuestros hogares y contra la sensación de ser abandonados por las autoridades, que veían en la tragedia una oportunidad para lucrar con ella. Se trabajó en fortalecer la organización mediante el segundo encuentro de DUCDMX en el Multifamiliar Tlalpan el 2 de diciembre del 2017 y el tercer encuentro en Avenida de Taller el 16 del mismo mes. También se presentaron quejas en contra de la Ley para la Reconstrucción ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por violaciones al derecho a la audiencia y al debido proceso, al derecho a la vivienda, entre otros. Se acudió al Senado de la República para denunciar ante los embajadores de diversos países la falta de transparencia de los recursos donados y, durante las fiestas navideñas, a tres meses del terremoto, se le pidió posada a Miguel Ángel Mancera frente a las puertas del Palacio de Ayuntamiento con el afán de sensibilizarlo para que atendiera integralmente las demandas de la población damnificada. El Jefe de Gobierno nunca se prestó a reunirse con DUCDMX; al contrario, denostó al movimiento arguyendo que existían intereses políticos detrás de las protestas.
Diciembre visibilizó el apoyo ciudadano. La entrega de donaciones era continua, prácticamente a diario había eventos culturales que lograban distraer un poco la tragedia que se vivía y, en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, las cenas, los aguinaldos, las piñatas, los juguetes, eran aportaciones que alegraban un poco estas “fiestas” a pesar del hecho de saber que muchos afectados tendrían que festejarlas en la calle. Culminó el 2017, un año doloroso y sin rutas claras para un regreso digno a nuestros hogares.
IV
El 8 de enero de 2018, se convocó a una conferencia de prensa en la cual los predios agrupados en DUCDMX le exigimos una reunión directa al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para ser partícipes activos en la reconstrucción y rehabilitación de nuestros predios. Para ese entonces, el censo llevado a cabo por DUCDMX arrojaba resultados preliminares de 200 inmuebles afectados en diez delegaciones. El 71% de estos inmuebles estaban desalojados y el 45% no contaban con un dictamen emitido por un Director Responsable de Obra4. Por sí solas, estas cifras reflejan que, a prácticamente cuatro meses de la tragedia, la atención seguía siendo insuficiente. El contraste con la Plataforma CDMX era notorio, pues no solo faltaban viviendas por agregar, sino que las que estaban en la base de datos oficial cambiaban recurrentemente su estado de alto daño estructural a medio o a bajo.
Estas inconsistencias seguían deteniendo el proceso de reconstrucción, pues según lo establecido en la Ley para la reconstrucción, uno de los criterios para que las personas afectadas pudieran acceder al fondo consistía en que su inmueble debía estar registrado en dicha plataforma, lo que aumentaba las angustias e incertidumbres que vivíamos. Por otra parte, si bien la realización de los dictámenes con todos los elementos técnicos necesarios requiere un tiempo prolongado, cuatro meses ya era suficiente para entregarse; sin embargo, casi la mitad de los predios incorporados en el censo de DUCDMX aún no contaban con esa información. Parecía que las autoridades de la Ciudad de México buscaban desgastar el proceso organizativo para que, ante la desesperación, se aceptaran los créditos o la redensificación.
No obstante, con la conferencia de prensa, DUCDMX presionó lo suficiente para acordar una reunión el 12 de enero del 2018 en la que el diputado Leonel Luna Estrada, presidente de la comisión de gobierno de la ALDF, atendiera a un grupo representativo de este colectivo de damnificados que ya aglutinaba alrededor de cien predios afectados. Se solicitaron mesas de trabajo con la presencia de los titulares de las dependencias vinculadas a la reconstrucción, el entonces comisionado para la reconstrucción, Ricardo Becerra, y el Jefe de Gobierno, con el objetivo de que dichas mesas fuesen resolutivas y no informativas.
En la primera mesa del día 16 de enero, por primera vez, representantes de DUCDMX entablaron diálogo con los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), de la Procuraduría Social (PROSOC), así como el entonces comisionado Ricardo Becerra y el diputado Leonel Luna. En esa mesa inicial se expuso el rechazo a los créditos y a la redensificación y se planteó que las autoridades atendieran cuatro tópicos prioritarios: 1) los contrastes entre el censo de DUCDMX y la plataforma CDMX para hacer las correcciones de dicha plataforma; 2) la atención a albergues y campamentos, así como el apoyo de renta; 3) la aceleración en la elaboración de los dictámenes de edificios que no los tenían, y 4) la presentación de estudios de suelo y geotécnicos en las zonas de Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. Cada tópico se fue revisando en posteriores mesas convocadas ex profeso para atenderlo. Finalmente, en la última mesa programada, se haría una evaluación con los titulares de las dependencias para hacer un balance de los avances de las autoridades respecto a estos cuatro puntos y definir rutas de trabajo para el cumplimiento de lo acordado.
No obstante, los funcionarios seguían promoviendo la Ley y, sobre todo, la necesidad de aplicar el estudio socioeconómico de manera individual, lo que a juicio de las y los damnificados se convertía en un mecanismo para discriminar quién sí accede gratuitamente al fondo para la reconstrucción y quién no. En este sentido, si dicho estudio arroja que una familia no es vulnerable en términos socioeconómicos, la reconstrucción de su inmueble debe sufragarse por medio de los créditos o la redensificación, lo que obliga a contraer una deuda a las personas que, sin ser vulnerables socioeconómicamente con anterioridad al sismo, se volvieron vulnerables como resultado del empobrecimiento que éste les causó, o que a pesar de no ser vulnerables no tienen suficientes recursos para reconstruir sin créditos. Por tanto, DUCDMX convocó a las y los afectados a tener presencia en esa última mesa, el 1 de febrero de 2018, para hacer ver a las autoridades que el rechazo al estudio socioeconómico era absoluto. Los titulares no llegaron a la reunión acordada a pesar de que teníamos la minuta de la primera mesa en la cual se comprometieron a asistir. Ante el incumplimiento, las y los damnificados nos plantamos frente a las puertas del Palacio de Ayuntamiento para exigirle directamente a Mancera seriedad en el trato hacia la población damnificada.
Mientras los damnificados planteábamos nuestra demanda de reconstrucción a fondo perdido -es decir, sin ningún costo para las y los afectados5-, representantes de dependencias del gobierno capitalino, especialmente de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) y Procuraduría Social (PROSOC), comenzaron a operar en los predios dañados para convencer a los damnificados de aceptar el contenido de la Ley para la Reconstrucción, sobre todo los puntos que rechaza DUCDMX. Un ejemplo de ello fue el Multifamiliar Tlalpan, donde se condicionó la entrega de dictámenes de seis edificios al llenado individual del estudio socioeconómico, lo que provocó la molestia de las y los damnificados. El día 14 de febrero decidimos cerrar por cuarenta minutos Calzada de Tlalpan para exigir que se entregaran dichos dictámenes de manera integral y pedir el retiro de Maximiliano González Solorio, director regional sur de SEDESO, como interlocutor ante la Asamblea de vecinos.
Dos días después, se estaban entregando por fin los dictámenes cuando sonó de nuevo la alerta sísmica y se sintió un fuerte temblor, reviviendo en las y los damnificados el temor y la angustia que sintieron el pasado 19 de septiembre: los gritos y las lágrimas manifestaban que las heridas todavía no se habían cerrado. Aprovechando la presencia de Directores Responsables de Obra, se hizo una nueva revisión a los nueve edificios y, afortunadamente, el suceso telúrico no generó ninguna afectación de importancia.
V
Si bien el temblor del 16 de febrero de 2018 no generó afectaciones en la Ciudad de México, la comisión para la reconstrucción “colapsaba” con la renuncia de Ricardo Becerra ese mismo día. El funcionario aducía que la ALDF ya había decidido sobre el monto del presupuesto destinado para atender las afectaciones provocadas por el terremoto del 19 de septiembre de 2017 sin tomar en consideración las recomendaciones y estudios de dicha comisión; a la renuncia de Becerra le siguieron la de los subcomisionados Mauricio Merino y Katia D’Artigues. Estas renuncias evidenciaron las decisiones arbitrarias que estaba tomando la ALDF, lo que provocó suficiente presión para modificar el esquema de manejo de dichos fondos, que originalmente estaban administrados por los diputados Leonel Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero y posteriormente pasaron a ser administrados por la Secretaría de Finanzas. Eran tiempos electorales y el rumor de la renuncia de Miguel Ángel Mancera a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México era cada vez más fuerte, a pesar de que en sus declaraciones señalaba que su “prioridad” era la reconstrucción.
En ese contexto, la postura de DUCDMX se manifestó en una conferencia de prensa celebrada a cinco meses del 19 de septiembre. En ella enfatizamos el rechazo rotundo al uso discrecional del fondo para la reconstrucción, exigimos la transparencia de las donaciones nacionales e internacionales y el uso adecuado de los recursos destinados a la atención de las y los afectados, incluso el incremento del monto total del mismo. Exigimos continuidad en las mesas de negociación, que se habían interrumpido tras la renuncia del comisionado, y mayor celeridad en la entrega de dictámenes, así como en los estudios del subsuelo en las zonas de Tláhuac y Xochimilco. Finalmente, recalcamos que los damnificados debemos ser consultados como parte de los procesos de deliberación sobre las políticas de reconstrucción. No obstante, se dio un impasse en el diálogo que habíamos iniciado con las autoridades. Se suspendieron las mesas de trabajo y no se convocaron reuniones, lo que retrasó todavía más el proceso de reconstrucción.
A pesar de ello, las y los damnificados agrupados en DUCDMX continuamos fortaleciendo los procesos organizativos a través de los encuentros que se realizaban en distintas partes afectadas de la ciudad, sobre todo, en las delegaciones Benito Juárez, Tláhuac y Cuauhtémoc. También se albergó el quinto encuentro nacional de damnificados llevado a cabo en el Multifamiliar Tlalpan el día 24 de febrero de 2018. Estos encuentros nos permitían hacer un diagnóstico de la coyuntura en que se encontraba el proceso de reconstrucción para así decidir de manera colectiva las rutas a seguir. En cada encuentro se reforzaban dos ideas que alimentaban la unión entre las personas damnificadas: la organización, en lugar de las luchas individuales o aisladas, es la base fundamental para la recuperación de los predios, y juntos tenemos mayor fuerza para alcanzar la meta de regresar a nuestros hogares. También se abrían las puertas para brindar apoyo a otros damnificados que antes desconocían el proceso organizativo de DUCDMX.
El 6 de marzo de 2018, Miguel Ángel Mancera nombró al nuevo comisionado para la reconstrucción, Edgar Tungüí, quien previamente había sido el titular de SOBSE. Por su parte, las y los damnificados acordamos las acciones a emprender para la conmemoración de los seis meses del terremoto del 19 de septiembre, entre ellas, hacer una marcha que se dirigió de Álvaro Obregón 286 -donde cuarenta y nueve personas fallecieron en un inmueble colapsado- al Ángel de la Independencia. Los contingentes fueron nutridos por damnificados agrupados en DUCDMX, acompañados de personas que se solidarizaban con las demandas de los afectados. La marcha culminó con un mitin donde se le exigía al nuevo comisionado retomar el diálogo establecido previamente y conocer las condiciones en que se encontraban los albergues y campamentos.
Edgar Tungüí respondió al llamado y acordó reunirse con las y los damnificados en el Multifamiliar Tlalpan el viernes 23 de marzo. Desde que se creó la Comisión para la reconstrucción, era la primera vez que el comisionado se presentaba en el Multifamiliar, el lugar que representa la punta de lanza del movimiento de los damnificados que rechazan la reconstrucción por medio de créditos o redensificación. No obstante, el nuevo comisionado no ofreció respuestas claras a las demandas y todo quedó en un “vamos a trabajar en ello”. El 29 de marzo renunció Miguel Ángel Mancera para ocupar un puesto en el Senado de la República, dejando soluciones vagas e incompletas a la situación que viven las y los damnificados. Su lugar sería ocupado por José Ramón Amieva.
VI
El 30 de marzo de 2018 arrancaron las campañas electorales, incluyendo las de la Jefatura de Gobierno y las Alcaldías delegacionales en la Ciudad de México. Los temores de las y los damnificados se incrementaron en dos aspectos: el hecho de que los tiempos electorales retrasaran el proceso de reconstrucción ante la distracción que pudieran tener los funcionarios públicos, y la intención de algunos candidatos de aprovecharse de la situación de los damnificados y posicionarse políticamente a costa de ellos. Por tanto, el día 7 de abril de 2018, DUCDMX se pronunció frente a la jornada electoral reiterando el carácter apartidista de la organización y el rechazo contundente de intentar usar la tragedia de las y los afectados para capitalizarla electoralmente por parte de los partidos políticos.
“Sigue el rastro del dinero” es una frase muy trillada que suele decirse cuando alguien quiere entender qué ocurre en una tesitura determinada. Las y los damnificados optamos por presionar a las dependencias encargadas de gestionar los fondos para la reconstrucción y rehabilitación de nuestras viviendas para así asegurar la asignación de recursos antes de la elección y del cambio de administración. Para la conmemoración de los siete meses del terremoto, DUCDMX convocó a las y los afectados a asistir a la Secretaría de Finanzas -dependencia encargada de administrar el Fondo para la reconstrucción según el artículo 109 de la Ley para la reconstrucción- para exigir que se liberaran los recursos. En la conferencia de prensa del día 16 de abril, hicimos una petición dirigida a Édgar Amador, secretario de Finanzas, para establecer un diálogo encaminado a definir el mecanismo necesario para la liberación de los fondos.
En la mañana del 19 de abril, las y los damnificados nos manifestamos frente a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y exigimos la presencia del secretario para que atendiera nuestras peticiones. Sin embargo, Édgar Amador no se presentó. Cerramos Avenida Chapultepec hasta que, finalmente, el secretario aceptó reunirse con un grupo representativo. Después de una larga sesión, las y los damnificados corroboraron que la partida presupuestaria destinada para la reconstrucción no había sido utilizada en la atención de los predios dañados que conforman DUCDMX. Por tanto, se acordó tener otra reunión en la que estuvieran presentes el comisionado Édgar Tungüí y los titulares de las dependencias correspondientes, incluyendo al secretario de Finanzas. Empero, cinco días después de dicha reunión, Édgar Amador renunció a su cargo público.
El 1 de mayo se llevó a cabo la reunión acordada entre representantes de DUCDMX y los funcionarios de la CDMX, entre ellos, el comisionado Edgar Tungüí, el secretario de Desarrollo Social, Alejandro Piña y el titular de SOBSE, Gerardo Báez. En ese encuentro, se acordó establecer mesas técnicas que permitieran a las y los damnificados acceder a los fondos para la reconstrucción. Era necesario destrabar varios puntos: 1) el establecimiento de los mecanismos para acceder a dichos fondos en conjunto con la Secretaría de Finanzas y la comisión de gobierno de la ALDF, pues esta tiene la función de supervisar, vigilar y proponer el uso de los recursos según el artículo 109 de la Ley para la reconstrucción; 2) ante la negativa por parte de las y los damnificados de llenar censos económicos de forma individual, se planteó qué otras medidas se podrían usar para acreditar la vulnerabilidad de los predios afectados; 3) acelerar la entrega de dictámenes en los predios donde hacía falta, así como la elaboración de los proyectos arquitectónicos y ejecutivos para la reconstrucción y rehabilitación de los inmuebles, ambos requisitos para acceder al Fondo para la reconstrucción; 4) en el caso de las zonas afectadas de Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco, se exigió que se aceleraran los estudios del suelo para conocer sus condiciones de habitabilidad; 5) se pidió la acreditación legal de algunos predios a sus habitantes mediante la expropiación o la desincorporación6, y 6) también se pidió la intervención de las autoridades para la prórroga del pago de créditos de INFONAVIT y FOVISSSTE a las y los afectados sujetos a dichos créditos que no pueden vivir en sus hogares. Se establecieron mesas adicionales de trabajo que permitieran destrabar cada uno de los aspectos previamente señalados.
Fue así como se comenzó a construir la ruta para acceder a los fondos públicos sin pasar por la vía de los créditos ni la redensificación. Para ello, tuvimos que basarnos en los resquicios necesarios dentro del marco que establece la Ley para la reconstrucción. Esto implicó más reuniones con los titulares de las dependencias, algunas generales en las que asistían las y los damnificados agrupados en DUCDMX, otras mesas donde atendían las particularidades de cada predio en específico. El mes de mayo se caracterizó por reuniones intensas casi todos los días. Hubo ocasiones en que los funcionarios no cumplían los acuerdos firmados en minutas o no asistía el funcionario que brindara respuestas resolutivas e, incluso, hubo mesas dirigidas por funcionarios de medio rango que evidenciaban una falta de conocimiento del diálogo, incitando a realizar el estudio socioeconómico individual cuando ya se habían establecido otro tipo de acuerdos, e intentando dividir a las y los damnificados.
Las y los afectados se presentaban en esas mesas que solían comenzar entre las 17 y las 19 horas, después de su día laboral, y concluían a la 1 de la mañana sino es que más tarde. Algunos necesitaban pedir permiso en sus trabajos para estar presentes e, incluso, sacrificaron el pago de horas de trabajo para asistir a las reuniones. Por lo mismo, eran indignantes las ocasiones en que los funcionarios no cumplían con los acuerdos establecidos o los retrasaban otra semana. Como señaló un vocero de DUCDMX: “Todo ha sido una burla, no cumplen ninguno de los acuerdos, se nos cita a reuniones en las que no llegan los titulares de las instituciones con las que tenemos las reuniones, se nos cita para entregarnos documentos y llegan sin nada. Eso sí, con discursos de que avanzaríamos de manera dividida. Señores del gobierno, no nos convencen, no van a lograr dividirnos con ese discurso. Lo que nos queda claro es cuánto miedo le tienen a que marchemos juntos, cuánto miedo le tienen a que los damnificados no nos encerremos y que salgamos a encontrarnos con otros damnificados”.
A pesar de los retrasos y en ocasiones la poca voluntad política, la ruta seguía avanzando a través de la suma de acuerdos que las personas damnificadas lograban en cada una de las mesas. Se estableció un primer paquete de diecinueve predios, que iban a ser los primeros en cumplir los requisitos necesarios para acceder al fondo para la reconstrucción. Los predios agrupados en este primer paquete tuvieron mesas especiales para avanzar en los requerimientos necesarios, entre ellos, la elaboración y aprobación de los proyectos ejecutivos y arquitectónicos para reconstrucción y reforzamiento.
También se acordó que el proceso de estos diecinueve predios será replicado en el resto de los inmuebles organizados y reconocidos por DUCDMX conforme vayan reuniendo los requisitos necesarios, así como en las zonas afectadas en Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco. Por otro lado, el capítulo segundo de la Ley para la reconstrucción no especifica que el estudio socioeconómico sea individual; por tanto, se pretendió que la SEDESO acreditara la vulnerabilidad por medio de un estudio general del inmueble, de tal manera que se pudiera acceder a los recursos a fondo perdido. De esta manera, la lucha por una reconstrucción digna y justa comenzaba a rendir sus primeros frutos.
También se acordó que el proceso de estos diecinueve predios será replicado en el resto de los inmuebles organizados y reconocidos por DUCDMX conforme vayan reuniendo los requisitos necesarios, así como en las zonas afectadas en Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco. Por otro lado, el capítulo segundo de la Ley para la reconstrucción no especifica que el estudio socioeconómico sea individual; por tanto, se pretendió que la SEDESO acreditara la vulnerabilidad por medio de un estudio general del inmueble, de tal manera que se pudiera acceder a los recursos a fondo perdido. De esta manera, la lucha por una reconstrucción digna y justa comenzaba a rendir sus primeros frutos.
Se siguió trabajando en el proceso organizativo y, a ocho meses del terremoto, se celebró el octavo encuentro de DUCDMX en el Instituto Aberdeen, en la delegación Cuauhtémoc. Como en los otros encuentros, presentamos y discutimos los avances y la coyuntura, pero también se diagnosticaron los pendientes, así como la ruta de los predios que siguen a los del primer paquete. Por ello, se crearon grupos para deliberar sobre las problemáticas específicas de cada predio, que incluyen el nivel de avance en los requerimientos para acceder al fondo para la reconstrucción, los predios que aún no cuentan con dictamen y, en el caso de Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco, los avances del estudio del suelo. A las 13:14 horas, salimos a la calle para hacer una conmemoración del día del sismo y para recordar a nuestros muertos, no solo a los que sucumbieron en el terremoto, sino también a los que fallecieron después sin haber podido regresar a sus hogares. Al regresar de nuevo al lugar del encuentro, proseguimos con la deliberación de las acciones a emprender. Se percibía cierta esperanza por los avances significativos logrados con la organización y movilización; no obstante, todavía no se había asegurado la entrega de los recursos para la reconstrucción y rehabilitación de nuestros predios.
El 28 de mayo tuvimos otra reunión en el salón Benito Juárez de la ALDF, que tenía como propósito la entrega, por parte del Jefe de Gobierno José Ramón Amieva, del Certificado de Derechos de Reconstrucción para Afectados (CEDRA)7 para el edificio 1C del Multifamiliar Tlalpan y la definición de las empresas constructoras para la rehabilitación de los inmuebles del primer paquete, lo que requería la presencia de Edgar Tungüí y los titulares de las dependencias responsables del proceso de reconstrucción. Sin embargo, a esa reunión solo llegó el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, el diputado Leonel Luna, y funcionarios del DIF e IMJUVE como representantes del gobierno de la Ciudad de México. Una vez más, los funcionarios dejaron “plantados” a las y los damnificados. A ello se agrega que el CEDRA presentaba datos erróneos del edificio 1C, incluyendo equivocaciones en el nombre de la colonia, el número de departamentos y el código postal; incluso los metros cuadrados de la construcción eran menores a los que realmente presentaba el edificio antes del terremoto.
Este incumplimiento de los acuerdos obligó a las y los damnificados a desplazarse a las puertas del Palacio de Ayuntamiento y exigir al Jefe de gobierno, al comisionado y a los titulares de las dependencias una mesa de trabajo para proseguir con la ruta de la reconstrucción. Resonaron consignas como “Entiende Amieva, con la gente no se juega” y “Los damnificados no estamos derrotados”. El hartazgo era evidente y provocó que el comisionado Edgar Tungüí se presentara frente a las y los damnificados y se comprometiera a tener una reunión al día siguiente junto con los secretarios. Se pidió también la presencia del Jefe de Gobierno para que los acuerdos alcanzados se dieran en el máximo nivel de resolución. Ese malestar se manifestó también al día siguiente cuando se cerró Calzada de Tlalpan por alrededor de cuarenta minutos. El mensaje era contundente: exigíamos soluciones inmediatas y reuniones con la seriedad que implica atender a personas damnificadas.
El mismo día del cierre de Calzada de Tlalpan, finalmente se realizó la reunión con el diputado Leonel Luna, presidente de la comisión de gobierno de la ALDF, Guillermo Orozco, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, el comisionado Edgar Tungüí y los secretarios de SEDESO, SOBSE, SEDUVI, entre otros funcionarios. En esa reunión, entregaron el CEDRA ya corregido para las y los vecinos del edificio 1C colapsado del Multifamiliar Tlalpan, y se acordaron las acciones para llenar su expediente de tal manera que, lo más pronto posible, iniciaran los trabajos de reconstrucción. Asimismo, se pactó la entrega de los proyectos ejecutivos avalados por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC) de los predios que conforman el primer paquete de DUCDMX. Finalmente, los funcionarios se comprometieron a que, durante la sesión de la Comisión para la reconstrucción el día 30 de mayo, se aprobaría la ruta construida para que la reconstrucción y rehabilitación de los inmuebles agrupados en DUCDMX se realice sin ningún costo para las y los afectados, como base para atender a todos los predios dañados en la Ciudad de México.
Las y los damnificados estuvimos al pendiente de la sesión de la Comisión. A pesar de que era un acuerdo previamente establecido, los miembros de la Comisión acordaron postergar la decisión de la asignación de fondos para las y los vecinos que conforman DUCDMX, arguyendo que era necesario reflexionar más sobre el contenido de la propuesta; incluso el subcomisionado Fernando Aguirre Sánchez propuso que dicha propuesta se postergara hasta el próximo año. Ante estas medidas que aplazaban y ponían en riesgo el cumplimiento de los acuerdos previamente establecidos, realizamos una asamblea extraordinaria a las 20 horas en la Unidad Habitacional Tlalpan y acordamos instalar el campamento de damnificados en Calzada de Tlalpan a la altura del Multifamiliar. Si con esa decisión las autoridades nos condenaban a vivir en las calles, entonces tomaríamos las calles.
Así fue como las y los damnificados agarramos nuestras carpas y casas de campaña y montamos el campamento con la intención de no retirarnos hasta que las autoridades del gobierno de la Ciudad de México ofrecieran una solución contundente a la asignación de los fondos. Poco a poco llegaron afectados de otras delegaciones, sobre todo Tláhuac, Iztapalapa, Benito Juárez y Cuauhtémoc para reforzar la presencia. La tensión se incrementó cuando en los alrededores del Multifamiliar comenzamos a observar cuerpos de granaderos que estaban rodeando el campamento. La indignación fue evidente: no bastaba solo con el hecho de que rompieran los acuerdos y condenaran a las y los afectados a vivir en las calles; la presencia de los granaderos manifestaba la intención del gobierno de la Ciudad de México de intimidar e incluso de llegar a reprimir a las y los damnificados. Afortunadamente, las autoridades recularon y, poco a poco, los granaderos se retiraron.
Después, el Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, se desplazó al lugar del campamento y se presentó frente a los vecinos. Fue la primera vez que un Jefe de Gobierno acudió al Multifamiliar Tlalpan desde que ocurrió el terremoto del 19 de septiembre de 2017. Amieva hizo un recuento de las acciones del gobierno de la ciudad a partir del terremoto. Primero, reconoció que la ciudad y el gobierno no estaban preparados para enfrentar un desastre como el sismo. Después de las labores de rescate, el Jefe de Gobierno señaló que el gobierno de la Ciudad de México elaboró tres instrumentos para atender a la población damnificada: la Ley para la reconstrucción, la comisión y un presupuesto. Señaló que el presupuesto consta de 6 mil ochocientos millones de pesos intactos y listos para usarse. En ese sentido, el Jefe de gobierno indicó que dos mil millones de pesos fueron aprobados por la comisión para el esquema de reconstrucción a fondo perdido, el cual se pretende distribuir de forma equitativa entre toda la población damnificada. Con ese monto se creará un fideicomiso para que los recursos se puedan depositar en subcuentas y puedan ser usados para las labores de reedificación y rehabilitación de los edificios. De esta manera, Amieva declaró que el fideicomiso estará destinado a la reconstrucción y rehabilitación de los predios de DUCDMX, entre otros, sin precisar los mecanismos a través de los cuales se llevaría a cabo. También indicó que solicitará la reunión de la Comisión para que apruebe el acceso a los fondos sin créditos y sin redensificación. Como muestra de nuestra disposición al diálogo, las y los vecinos decidimos retirar el campamento de Calzada de Tlalpan, a pesar de que las propuestas del Jefe de Gobierno no fueron contundentes.
Con esta acción logramos que la Comisión sesionara de forma extraordinaria el primero de junio para analizar las demandas de DUCDMX. Durante la sesión ordinaria del día seis del mismo mes, dicha comisión aprobó la creación del fideicomiso8 para que los recursos sean destinados a las y los damnificados que presentan condiciones de vulnerabilidad según los artículos 22, 23 y 24 de la Ley para la reconstrucción y, por tanto, se puedan reconstruir y reedificar sus predios sin pasar por créditos ni redensificación. Este fideicomiso constará de 2 mil millones de pesos, que se obtendrán tanto del fondo para la reconstrucción como de la reorientación del presupuesto por parte de la ALDF, así como las fotomultas y donaciones hechas por particulares. Logramos que la Comisión tomara esta decisión gracias en parte a la presión social que se vio reflejada tanto en la instalación del campamento en Calzada de Tlalpan como en el apoyo en redes sociales que miles de ciudadanos brindaron a las y los damnificados, sobre todo, cuando se denunció la presencia de granaderos.
Sin embargo, todavía faltaba definir los lineamientos mediante los cuales se podría acceder a los recursos. Los representantes del gobierno de la Ciudad de México pretendieron poner topes máximos de entrega de recursos que no eran suficientes para garantizar la culminación de la rehabilitación y reconstrucción, lo que provocaría que los trabajos quedaran inconclusos. Ante ello, las y los damnificados exigimos que se garantizaran los recursos necesarios para que los trabajos de reconstrucción y rehabilitación se realicen de forma completa. La Comisión tardó en difundir la propuesta y el día 20 de junio sesionó sin un compromiso contundente ante esa demanda.
Al día siguiente, los damnificados decidimos cerrar vías públicas en distintos puntos de la ciudad: Calzada de Tlalpan a la altura del Multifamiliar, Calzada de Tlalpan a la altura de Avenida del Taller, Insurgentes y Viaducto y Calzada de Miramontes a la altura de Calzada del Hueso. Con estos cierres, le exigíamos al gobierno a que garantizara la aprobación para acceder a los fondos suficientes de forma inmediata. En caso contrario, instalaríamos nuevamente nuestro campamento a las ocho de la noche y no lo quitaríamos hasta que las demandas estuvieran resueltas. Tras la indiferencia manifestada por las autoridades, montamos nuestro campamento en Calzada de Tlalpan con nuestras carpas y tiendas de campaña. A diferencia del campamento pasado, no se notó la presencia de granaderos. Las y los afectados usamos la avenida como cancha y jugamos futbol, también los vecinos de Avenida de Taller 21 colocaron un equipo de sonido que se aprovechó para bailar y hacer más ameno el transcurso de la noche. Algunos voluntarios llegaron con café y galletas para los que estábamos pernoctando en el campamento.
A las 4:30 de la mañana del día 22 de junio de 2018, representantes del gobierno de la Ciudad de México llegaron al campamento y entregaron un documento firmado a DUCDMX por el presidente de la comisión de gobierno, el diputado Leonel Luna y el secretario de gobierno, Guillermo Orozco. En dicho documento se establecieron cinco compromisos: 1) la publicación, ese mismo día, de los lineamientos9 que garantizarían la suficiencia de los recursos para los trabajos de reconstrucción y rehabilitación de los inmuebles; 2) el Instituto de Vivienda (INVI) llevaría a cabo la construcción del edificio 1C de la Unidad Habitacional Tlalpan a fondo perdido; 3) la Comisión para la reconstrucción aprobaría la asignación de los recursos a los predios del primer paquete que ya cuentan con los requerimientos para el inicio de los trabajos con base en el fideicomiso y en los lineamientos aprobados, con indicación de la necesidad de asignar recursos adicionales si un predio lo requiere, lo cual se replicará en los demás predios que conforman DUCDMX; 4) se confirmó la condición de vulnerabilidad de los predios aglutinados en DUCDMX para satisfacer ese requisito y acceder a los fondos para la reconstrucción; 5) el inicio de las obras en la Unidad Habitacional Tlalpan ISSSTE no excederá más de treinta días a la entrega de dicho documento.
De esta manera, la lucha de las y los damnificados logró que se creara una ruta a seguir para que no fueran condenados a ser deudores y pudieran regresar de forma digna y segura a sus hogares. Ante los intentos del gobierno por imponer créditos y redensificación, DUCDMX demostró que, movilizándonos con tenacidad y organización, es posible hacer valer nuestros derechos y lograr ser atendidos integralmente sin que se nos castigue por ser víctimas un desastre socio-natural. Esto no significa que en la actualidad todo está solucionado, pero este relato da cuenta de cómo la movilización puede exigir al gobierno modificar sus decisiones iniciales para cumplir sus obligaciones de reestablecer los derechos de las personas damnificadas, y establecer así un precedente importante en materia de lucha por la eficacia de los derechos.
VII
Después de un año del terremoto, quedan todavía muchos pendientes por resolver. Existen predios que aún no cuentan con dictámenes y, conforme pasa el tiempo, la atención por parte del gobierno a las condiciones de vulnerabilidad provocadas por el suceso telúrico disminuye y se acentúan los actos de rapiña y vandalismo en los predios afectados. Todavía existen personas viviendo en la calle, dentro de carpas, sin la certidumbre de saber cuándo regresaran a sus hogares. Las y los damnificados de Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco desconocen si el suelo donde habitan es seguro o si es necesario reubicarse. La situación en los campamentos que permanecen es cansada y llena de tensiones. Los adultos mayores ven disminuidas sus condiciones de salud, incluso algunos han fallecido en estos meses sin antes haber podido regresar a sus hogares. Para resumir, la emergencia aún continúa.
Ante ello, DUCDMX ha logrado aportaciones significativas para el restablecimiento de los derechos de las personas afectadas por el sismo. Primero, ha mostrado que la organización y movilización de las y los damnificados construyen una voz que resuena más fuerte para que la exigencia sea más contundente.
Segundo, a pesar del trato indignante y el desgaste que implica asistir a las mesas de negociación, se demostró que, como dice el cubano José Martí, los derechos se arrancan, no se mendigan. Las y los damnificados agrupados en DUCDMX tenemos muy claro nuestro derecho a la vivienda y era injusto volver a pagar por un inmueble que costó años de esfuerzo; por tanto, exigimos que el Estado cumpla con sus obligaciones de atender integralmente a las y los afectados por un desastre. En cada mesa de negociación se hizo valer ese derecho hasta que se concretó en los mecanismos para acceder a los fondos para la reconstrucción sin costo alguno.
Tercero, DUCDMX abrió la ruta para que otros predios pudieran utilizarla y así hacer valer su derecho a la vivienda. También fijó un precedente sobre cómo el Estado debe atender a la población damnificada no solo del presente, sino también frente a eventos futuros.
En conclusión, ante el dolor de perder a nuestros familiares y nuestros hogares, DUCDMX emergió como un sujeto político que, por medio de la movilización, la organización y la tenacidad, desvió la ruta de construcción inicialmente concebida por el Estado donde solo cabían los créditos y la redensificación para construir otra más digna y justa basada en hacer valer nuestros derechos. El trayecto no ha sido sencillo; la lucha por la vivienda digna ha implicado mucho desgaste, incertidumbre, indignación e, incluso, agresiones físicas y verbales a las y los representantes de este colectivo, ello además de los retos cotidianos de la vida laboral y familiar. Tuvimos que aprender un vocabulario desconocido antes del 19 de septiembre y entender que la reconstrucción va más allá de los edificios, implica también la reconstrucción de una vida materializada en las paredes de nuestro hogar, con sus recuerdos y lo que hemos impreso en ella, y es necesario recuperarla para recuperar también una parte de nosotros.
Quiero terminar este apartado con una reflexión de una vecina del Multifamiliar Tlalpan, que compartió en Asamblea cuando se estaban vaciando los departamentos de los edificios para iniciar los trabajos de rehabilitación:
“Podemos escombrar los armarios y alacenas, podemos tirar papeles archivados durante años, podemos deshacernos de muebles grandes, seminuevos, usados, muy usados y así, de un día para otro, se nos revuelven los recuerdos. Las fotos de hace un par de años, con las de varias infancias, las nuestras, las de nuestros hijos. También los recuerdos que no son nuestros, pertenecen a nuestros padres, los pioneros del Multi, que poco a poco se vacía de mobiliario, de presencias, se están yendo, nos vamos a ir. Pero nuestra historia familiar, esa que es nuestra honra y bendición, nuestra esencia, esa no nos la llevamos, esa se queda en el Multi, tranquila, dormida, esperanzada, esperando paciente por nosotros, por nuestras familias, esperando convertirse nuevamente en nuestro hogar y en nuestro nido. Nuestras raíces florecerán con todo el sentimiento y cariño que siempre le hemos tenido. Vendremos a visitarte querido Multi, nos esperarás con los brazos abiertos. Por ti y para ti fue toda nuestra lucha. No nos rendimos, no te entregamos. Tuvimos el coraje y el valor de enfrentar la adversidad. Te defendimos y resurgirás, te lo mereces. No será un hasta luego, es un hasta siempre, hasta volvernos a ver”.
Sus palabras sintetizan la relevancia de la lucha de Damnificados Unidos de la Ciudad de México.
Luis Antonio Guerrero Cantera es estudiante de maestría del CIESAS y miembro de Damnificados Unidos de la CDMX.
1. Todos los comunicados de prensa se pueden consultar en la página de Facebook de la Asamblea de vecinos del Multifamiliar Tlalpan. Disponible en línea:https://bit.ly/2wYmGYL
2. Según una nota de la agencia Reuters del día 17 de octubre de 2017, el presidente Enrique Peña Nieto declaró que el costo de reconstrucción de las zonas destruidas por los sismos del 7 y 19 de septiembre ascendía a 48 mil millones de pesos. Disponible en línea: https://reut.rs/2wZADVx
3. Tanto la creación de la Comisión como de la Plataforma CDMX se ratificaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del día 26 de septiembre de 2017. https://bit.ly/2wSvE8Y
4. Esta información fue expuesta en el comunicado de prensa de DUCDMX el día 16 de enero de 2018. Es necesario aclarar que, al responder en torno a la entrega de un dictamen, es probable que las y los damnificados pudieran confundirlo con la cédula de evaluación postsísmica.
5. En términos financieros, el término significa que el recurso otorgado no implica su devolución. Pero en este contexto implica que la reconstrucción no debe implicar costo alguno para las y los damnificados.
6. La expropiación es el proceso jurídico mediante el cual un inmueble deja de ser de propiedad de su dueño y pasa a ser del Estado, que puede subsiguientemente adjudicarlo a las personas que allí viven; en este caso, se solicitaba la expropiación de inmuebles cuyos dueños no los reclamaban. Por su parte, la desincorporación es el proceso jurídico mediante el cual un predio deja de ser propiedad del Estado para cederlo a las personas que habitan en dicho predio.
7. El CEDRA es un documento expedido que señala las características físicas y numéricas vigentes de un edificio colapsado antes del terremoto y que se otorga a los propietarios para que puedan ejercer los derechos de reconstrucción según el artículo 20 de la Ley para la reconstrucción.
8. Este acuerdo alcanzado se puede consultar en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México del día 7 de junio de 2018. Disponible en línea: https://bit.ly/DUC6Wj
9. Los lineamientos se pueden consultar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del día 22 de junio de 2018. Disponible en línea: https://bit.ly/2MalJBG
